La portavoz Isabel Jiménez, presidenta Fundación Luz Solidaria, nos habla de la pobreza energética en las familias españolas, como afecta.
¿Cuál es la situación de las familias españolas?
Según el Informe de Indicadores de Pobreza Energética 2021, ha empeorado y mucho de 2019 a 2021. La cantidad de familias incapaces de mantener una temperatura decente en su hogar ha pasado del 7.6% de cuatro años atrás al 14.3% de hace dos años. De todas ellas, a muchas les avergüenza decir que no pueden permitirse ni encender la calefacción, provocando que haya personas que lleguen a morir de frío: según la Asociación de Ciencias Ambientales, En España una persona fallece por pobreza energética cada 74 minutos, más de 7.100 personas al año.
¿Cuáles son los factores más comunes entre estas familias en riesgo?
En muchas ocasiones, nos encontramos un salario bajo o directamente inexistente como el factor más común. Si a eso le añadimos la subida de la cesta de la compra y el incremento del precio de la energía, se entiende por qué tantas familias están pasando por este tipo de problema para afrontar el pago de sus facturas. En muchas ocasiones tienen que decidir entre pagar la factura de la luz o comprar alimentos y productos básicos.
¿Cuánto han aumentado el número de familias en riesgo de pobreza energética?
Se ha duplicado. De 2019 a 2021. Son el doble las familias que no pueden ni encender la calefacción ni mantener la temperatura entre los 18 y los 22 grados que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Según la Fundación Funcas y Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, 2.6 millones de familias en España sufren pobreza energética. Además, la OMS asegura que las muertes por pobreza energética aumentan durante el invierno entre un 30% y un 50% en invierno.
¿Qué ayudas económicas existen para ayudar en este campo? ¿Cuáles son los requisitos?
Las ayudas existen, pero el problema reside en que la mayoría de la ciudadanía no tiene idea de cómo se puede acceder a ellas. En la actualidad esta solicitud tiene que realizarse telemáticamente y las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión social no tienen acceso o no conocen el proceso. De hecho, tres de cada diez familias españolas desconocen su existencia (CNMC).
Los ciudadanos pueden solicitar el bono social, que es un descuento sobre la factura eléctrica. Pueden optar a él los consumidores que se encuentran en las tarifas del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y que cumplan los requisitos de consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social. Además, hasta el 31 de diciembre de 2023, la legislación amplía los descuentos de hasta el 65% para consumidores vulnerables y hasta el 80% para los vulnerables severos. Asimismo, se extienden los límites máximos de consumo de electricidad con derecho a un descuento.
El consumidor en riesgo de exclusión social no tiene que pagar su factura eléctrica, y su suministro, por cuestiones de impago, no se puede detener. Se trata de un consumidor en riesgo de exclusión social desde el momento en que, cumpliendo los requisitos para ser consumidor vulnerable severo, sea atendido por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que al menos financie el 50 por ciento del importe total de su factura (después de impuesto de electricidad e IVA) que hubiese correspondido a una facturación a PVPC (sin descuento en los términos de energía y peajes). El resto de la factura será pagado por las empresas que están obligadas por normativa a asumir la financiación del bono social.
Los beneficiarios del bono social eléctrico son automáticamente elegibles para recibir el bono social térmico (gas) que concede la Administración a través del Gobierno autonómico. La ayuda por beneficiario del bono social térmico se abona en un pago único al año, en la cuenta corriente en la que se tiene domiciliada la factura eléctrica. La cuantía de este pago depende de un cálculo en el que se tiene en consideración la vulnerabilidad de la persona beneficiaria y la zona climática en la que viven.
¿Qué medidas lleváis a cabo desde la Fundación para ayudar a estas personas?
Asesorar a las familias de una forma personalizada es más necesario que nunca. Desde Fundación Luz Solidaria realizamos diferentes acciones: gestión y tramitación del bono social eléctrico y térmico, revisión de cláusulas abusivas en sus contratos, paralizamos cortes de luz cuando tienen facturas atrasadas, negociamos planes de pago con sus compañías comercializadoras y en los casos más urgentes asumimos el coste de las facturas pendientes de aquellas familias que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando hay niños pequeños o personas dependientes o enfermas. Nuestro papel es complementar la labor de administraciones y entidades, aprovechando nuestro conocimiento del sector energético.
De hecho, el próximo 9 de febrero celebramos la “1ª Cena Benéfica Fundación Luz Solidaria” para apostar nuestra visión del sector energético. Destinaremos la recaudación al Programa de Lucha Contra la Pobreza Energética de la Fundación Luz Solidaria y a otras entidades sociales como son la Asociación AdELA, Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica; la Fundación Intheos; y la Fundación Pequeño Deseo. La Fundación quiere ser cada día más eficaz. Por eso colaboramos con las distintas entidades sociales, asociaciones y administraciones públicas.
